La economía chilena está recuperándose de una desaceleración prolongada que comenzó con la caída de los precios del cobre en 2011 y que se ha acentuado en los últimos años. Gracias a un marcado repunte de la actividad minera y no minera, que obedece asimismo a una sólida confianza, el crecimiento económico en el primer semestre de 2018 ha sido el más pujante que se ha registrado desde 2012. El nivel general de inflación se acercó en meses recientes a la meta de 3% fijada por el Banco Central, debido en parte a los precios de la energía y la depreciación del peso, pero la inflación subyacente ha estado subiendo más lentamente, frenada por la capacidad ociosa que aún existe en el mercado laboral. La fuerza laboral creció a un mayor ritmo que el empleo en los últimos trimestres, con el consiguiente aumento de la tasa de desempleo, pero la calidad del crecimiento del empleo mejoró, y los trabajos remunerados en el sector privado representan una proporción cada vez mayor del empleo.
Tras varios años de continuo deterioro, se prevé que en 2018 el saldo fiscal general registre una mejora sustancial de 1% del PIB, debido a un aumento de los ingresos provenientes del cobre y a una disminución del gasto. El Banco Central inició la fase restrictiva del ciclo en octubre, con un aumento de la tasa de política monetaria de 2,5% a 2,75%, pero manteniendo una orientación acomodaticia. El sistema bancario está en general bien capitalizado, el nivel de morosidad de los préstamos sigue siendo bajo, y recientemente se adoptó una nueva ley bancaria con la que se pretende eliminar las diferencias con respecto a los requisitos de solvencia mínima de Basilea.
Para 2018 se proyecta un crecimiento del PIB de 4%. Tras una evolución vigorosa en el primer semestre del año, para el segundo semestre se prevé una cierta desaceleración, acorde con la reciente moderación de la actividad económica. A medida que se cierra la brecha del producto y se normaliza la política monetaria, se proyecta que el crecimiento converja gradualmente hacia su potencial a mediano plazo de aproximadamente 3%. Se proyecta que la inflación continúe rondando el nivel fijado como meta por el Banco Central, gracias a un sólido marco institucional de política monetaria y expectativas inflacionarias ancladas. La consolidación fiscal gradual que se ha anunciado debería ser suficiente para que a comienzos de la década de 2020 la relación deuda/PIB se estabilice cerca del 27%. Teniendo en cuenta la recuperación económica y un empeoramiento proyectado de los términos de intercambio, se prevé que el déficit en cuenta corriente aumente a alrededor de 2½% del PIB en 2018-19, para después disminuir a aproximadamente 2% del PIB a mediano plazo.
Los riesgos parecen estar equilibrados. Los principales riesgos a la baja se derivan de un entorno externo incierto, relacionado sobre todo con el creciente proteccionismo, la marcada constricción de las condiciones financieras mundiales, y un crecimiento más débil de lo esperado en los principales socios comerciales de Chile. Los riesgos al alza para las perspectivas están vinculados a la rápida implementación de las reformas estructurales anunciadas recientemente y al repunte de la inversión, que ha sido más vigoroso de lo esperado.
Los directores ejecutivos señalaron que la recuperación económica está encaminada, las perspectivas son favorables y los riesgos están equilibrados. Coincidieron en que la economía ha estado en gran medida protegida de la reciente volatilidad en la región, gracias a los sólidos fundamentos de la economía y a un tipo de cambio de libre flotación que ha hecho las veces de amortiguador. Los directores hicieron hincapié en la importancia que tiene en adelante abordar los obstáculos estructurales al crecimiento potencial.
Los directores concordaron en que la anunciada consolidación fiscal gradual debe afianzar la credibilidad de las políticas y a la vez encontrar un punto de equilibrio entre estabilizar la deuda y atender las necesidades de gasto en los ámbitos social y de desarrollo. Señalaron que apuntalar el marco fiscal mediante un ancla fiscal adecuada, o profundizar la consolidación si el desempeño económico fuera mejor de lo previsto, podría reforzar aún más la credibilidad y la confianza del mercado. En este contexto, los directores elogiaron los planes de las autoridades para ampliar el mandato del consejo fiscal y a la vez garantizar su independencia. Los directores asimismo vieron con beneplácito la propuesta de las autoridades para simplificar el sistema tributario con miras a hacerlo más eficiente y favorable al crecimiento. Subrayaron la importancia de garantizar que el resultado final sea equitativo y esté financiado. Los directores recomendaron reforzar la administración tributaria y ampliar la base tributaria si los ingresos se sitúan por debajo de lo proyectado.
Los directores hicieron hincapié en que la normalización adicional de la política monetaria debe realizarse con cautela. Recalcaron que el ciclo de endurecimiento debe estar guiado por análisis del comportamiento de diversos indicadores, a fin de evaluar la evidencia de una convergencia firme de la inflación hacia el nivel fijado como meta. En este sentido, los directores aplaudieron la modernización del marco de comunicaciones del Banco Central.
Los directores indicaron que el sector financiero sigue siendo saludable, pero insistieron en que se deben vigilar de cerca los vínculos macrofinancieros. Elogiaron la ley general de bancos recientemente aprobada, que reforzará la resiliencia del sector bancario al eliminar las diferencias respecto de los requisitos de solvencia mínima de Basilea III, reforzar las herramientas de estabilización y mejorar la gestión de gobierno de las empresas. Los directores subrayaron la importancia de reforzar los mecanismos de intervención anticipada y resolución de bancos, y de establecer a la vez un sistema nacional de garantía de depósitos financiado por los bancos miembros. Los directores insistieron en que es necesario afianzar los marcos de regulación de la ciberseguridad y las tecnofinanzas, y encomiaron los esfuerzos de las autoridades en estos ámbitos.
Los directores coincidieron en que impulsar un programa de reformas estructurales promovería un crecimiento más vigoroso e inclusivo. Celebraron el compromiso de las autoridades para racionalizar las regulaciones empresariales, mejorar el clima de inversión, incrementar la competitividad y reformar el sistema de pensiones. Los directores además recalcaron que un conjunto más amplio de reformas —como las que buscan realzar la capacidad de innovación, mejorar la calidad de la educación, profundizar la flexibilidad del mercado laboral y mejorar el entorno empresarial para las PYME— ayudaría a mejorar la productividad, incrementar la diversificación y acelerar la transición a la categoría de economía avanzada.
Fuente: News DF
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